Hablar de vivienda digna y de desarrollo urbano sostenible implica ir mucho más allá de la construcción de casas o la entrega de llaves. Significa garantizar condiciones reales de habitabilidad, bienestar y permanencia en el territorio. En ese camino, el acceso al agua potable, la energía y a una adecuada prestación de los servicios públicos se convierte en un pilar fundamental para cerrar brechas sociales y territoriales, especialmente en las zonas rurales y de difícil acceso de Bogotá.
Durante 2025, el Sector Hábitat avanzó de manera significativa en este propósito, con intervenciones concretas orientadas a garantizar derechos básicos, fortalecer la gestión comunitaria y llevar soluciones sostenibles a territorios históricamente rezagados.
Agua potable para la ruralidad: fortalecer lo comunitario
Uno de los principales hitos del año fue la puesta en funcionamiento de dos plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) en zonas rurales de la ciudad. La primera de ellas se entregó en el acueducto comunitario de Pasquilla, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde la comunidad ha sido protagonista tanto de la operación como del cuidado del recurso hídrico.
Más allá de la infraestructura, el proceso para potabilizar el agua y garantizar calidad y continuidad del servicio en los hogares, reafirma la importancia de los acueductos comunitarios como actores clave en la prestación del servicio, especialmente en territorios rurales donde la autogestión es fundamental para asegurar el acceso diario al agua.
La segunda planta fue entregada en la localidad de Sumapaz, el páramo más grande del mundo. En este territorio estratégico para el país, la instalación de una PTAP representa un avance histórico para la comunidad de Aguas Claras y sectores aledaños, beneficiando alrededor de 180 hogares, incluida la comunidad de Capitolio. La intervención no solo mejora la calidad del agua, sino que protege la salud de las familias y reconoce la importancia de habitar dignamente uno de los ecosistemas más valiosos del planeta.
Como parte de este esfuerzo, en 2025 se gestionó la adquisición de cuatro plantas adicionales, que serán instaladas en 2026 en acueductos comunitarios de Ciudad Bolívar y Sumapaz, consolidando una estrategia de largo plazo.
Energía limpia y ahorro para los hogares
El año también marcó un hito en materia de transición energética con el lanzamiento del primer programa de Comunidades Energéticas en Bogotá. Esta iniciativa contempla la instalación de paneles solares que producirán energía limpia para beneficiar a cerca de 2.000 hogares previamente identificados.
El impacto es doble: por un lado, se promueve el uso de energías renovables y se reduce la huella ambiental; por otro, las familias beneficiarias podrán ver una disminución de hasta el 60 % en el valor de su factura de energía, lo que representa un alivio directo para la economía de los hogares y una herramienta efectiva contra la pobreza energética.
El agua como derecho
Otro avance estructural fue el fortalecimiento del programa de Mínimo Vital de Agua, que garantiza a hogares de estratos 1 y 2 el acceso sin costo a al menos seis metros cúbicos mensuales de agua potable.
Solo en 2025, este esfuerzo representó un suministro equivalente a cerca de 48 mil millones de pesos en consumo, asegurando que miles de familias cuenten con agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas, independientemente de su capacidad de pago.
Esta política reafirma una visión del agua como derecho y no como privilegio, y se consolida como una de las herramientas más potentes de equidad social en la ciudad.
Servicios públicos como justicia territorial
Las acciones adelantadas en 2025 demuestran que los servicios públicos son una herramienta clave de justicia territorial. Llevar agua potable, energía limpia y esquemas solidarios de acceso a los servicios básicos es también construir ciudad, fortalecer comunidades y garantizar que la vivienda digna sea una realidad integral.
Desde la Secretaría Distrital del Hábitat, el compromiso es claro: seguir liderando una Bogotá que reconoce en el acceso a los servicios públicos un componente esencial del bienestar y la equidad. En 2026, la ciudad continuará avanzando hacia un modelo más sostenible, incluyente y solidario, donde el hábitat se entienda como un derecho que se construye desde el territorio y para la gente.
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